Cifra récord de subastas públicas en Sevilla

Los juzgados de Sevilla van a cerrar el año con cifras récord en lo que se refiere a las subastas públicas de inmuebles hipotecados. Las estadísticas judiciales ponen de manifiesto que en los últimos dos años se ha triplicado el número de procedimientos judiciales abiertos para proceder a la venta de inmuebles, en su mayor parte viviendas o pisos, porque sus propietarios han sido incapaces de satisfacer las hipotecas que tenían contratadas con bancos y cajas de ahorro.

De los 500 procedimientos de ejecución de inmuebles hipotecados que se registraron en los juzgados de Sevilla en 2007, cuando todavía no había dado la cara la crisis económica, se pasó a 1.228 en 2008, lo que ya suponía un importante crecimiento. En el presente año, el número de personas que han sido demandadas por bancos y cajas de ahorro y que, por lo tanto, pueden perder sus viviendas por el impago de hipotecas, asciende a 1.533, según las estadísticas judiciales recopiladas hasta la fecha. Estas cifras representan que de un año a otro hay 305 casos más de ejecuciones hipotecarias y un millar más si se compara con el final de 2007, antes del inicio de las dificultades económicas. Desde 2007, son ya 3.261 los procedimientos iniciados para ejecutar hipotecas.

Estas 1.533 familias sevillanas están en riesgo de perder su vivienda, de que ésta salga a subasta, ya que cuando el banco o caja de ahorros da el paso de presentar la ejecución hipotecaria es porque se ha producido un impago reiterado y la única forma de evitar la pérdida del inmueble es hacer frente a la totalidad de la deuda, algo que muy difícilmente puede afrontar una persona que no ha podido satisfacer las cantidades mensuales de la hipoteca.

Los juzgados de Primera Instancia de Sevilla han experimentado importantes aumentos en la mayoría de los procedimientos relacionados con las deudas económicas y las reclamaciones de cantidades debido a la crisis. Así los denominados procedimientos monitorios -aquellos que se presentan para exigir el pago de una deuda que no supera los 30.000 euros y sobre la que hay un soporte documental, como los préstamos al consumo o las ventas a plazos o con facturas- han crecido un 20,5%, ya que se ha pasado de los 15.574 casos registrados en 2008 a 19.603. El ejercicio 2007 se cerró con 11.734 procedimientos monitorios, casi la mitad de los que se han registrado este año.

También se han incrementado, aunque en una proporción inferior, los juicios ordinarios, que se plantean para reclamar cantidades que superan los 3.000 euros y de la que no existe un soporte documental que acredite la deuda. En este caso, el año se ha cerrado con 5.056 frente a los 4.299 contabilizados en 2008, lo que representa un crecimiento del 14,97%.

En cuanto a los juicios verbales, aquellos que resuelven cuestiones como el impago de rentas por el arrendamiento de inmuebles y cuya cuantía no excede de 3.000 euros, han sufrido un leve descenso: se ha pasado de los 3.966 asuntos registrados durante 2008 a los 3.723 del presente ejercicio, con una caída del 6,5%.

Espectacular ha sido la subida que han experimentado los juicios cambiarios, que se inician para lograr el cobro de una letra de cambio, un cheque o un pagaré. En el año 2007 hubo tan sólo 804 juicios cambiarios, en 2008 el número de estos procedimientos ascendió a 2.099, y este año se han disparado hasta los 3.184 casos, lo que supone un incremento del 296% con respecto a los asuntos registrados hace dos años.

Todo este incremento de asuntos, que según los jueces tiene una relación directa con la crisis económico-financiera, ha provocado la sobrecarga de trabajo de los juzgados de Primera Instancia de Sevilla, que son los órganos que deben resolver estos asuntos.

Estos juzgados registraron en 2008 un total de 64.627 asuntos y este año el número de casos que han recibido ha subido hasta los 75.998, según las últimas estadística judiciales. Frente a este incremento de asuntos, los jueces han reaccionando solicitando a la Junta la creación de nuevos órganos judiciales o que se arbitren otras soluciones de apoyo o refuerzo de carácter temporal mientras continúe la situación de crisis.

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