Venta a valor liquidativo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cifrado en 114.958 los expedientes de ejecución hipotecaria previstos para este año, frente a los 58.688 de 2008. Para 2010, las ejecuciones hipotecarias estimadas por el órgano ascienden a más de 180.000.

Normalmente la venta a valor liquidativo terminan con la adjudicación en subasta del activo a un comprador, un proceso que puede conllevar determinadas minusvalías para el vendedor, si el precio de venta no alcanza el importe de la hipoteca impagada.

Pero la crisis ha creado un problema añadido que agrava, aún más, el panorama de la banca: las empresas especializadas en adquisiciones en subastas, los llamados coloquialmente subasteros, han desaparecido del mercado.

«Las empresas que se personaban en las subastas han dejado de acudir por falta de financiación», señalan fuentes del juzgado de primera instancia número 32 de Madrid (el único, junto al 31, especializado en ejecuciones hipotecarias en la capital española). Los expedientes de desahucio en este juzgado han aumentado un 300% en 2009.

Al quedarse desiertas las subastas por falta de comprador (una situación similar a la del mercado libre), son las inmobiliarias de los propios bancos ejecutantes las que comparecen en la subasta para quedarse con la vivienda a precio liquidativo, es decir, al 50% del valor de tasación.

Las consecuencias de esta dinámica pueden ser muy serias para la banca y para el sector inmobiliario en general. En primer lugar, las entidades financieras se enfrentan (ya están trabajando en ello, de hecho) a una nueva adjudicación en masa de cientos de miles de viviendas. Estos activos supondrán un mayor esfuerzo en términos de provisiones. Aunque, tras ejecutar la vivienda, una entidad pueda liberar parte o la totalidad de la provisión vinculada al crédito impagado, tendrá que realizar una nueva provisión contable por la propia adjudicación del activo, según los expertos. Esta dotación asciende al 20% del valor del activo adjudicado a partir del primer año de su entrada en libros, según la nueva normativa del Banco de España.

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